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SANTO DOMINGO.– La Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Santiago de los Caballeros ha aceptado una solicitud presentada por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) para aplazar una audiencia, a fin de garantizar el debido proceso en un recurso de extrema urgencia interpuesto por el Ministerio de Educación.

El tribunal, tras escuchar los argumentos presentados por los abogados de la ADP, ha decidido postergar la audiencia, reconociendo que no se cumplieron adecuadamente los procedimientos requeridos y que las notificaciones pertinentes no fueron entregadas dentro de los plazos establecidos.

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La ADP ha señalado que los reclamos de los maestros organizados en la Seccional de la ADP de Santiago datan desde el año 2021, sin que hasta la fecha el Ministerio de Educación haya respondido a ninguno de ellos ni presentado soluciones, a pesar de múltiples reuniones y procesos de diálogo llevados a cabo.

Entre las carencias señaladas por la ADP se encuentran deficiencias en la infraestructura de numerosas escuelas en Santiago, nombramientos de profesores, así como designaciones de personal administrativo, de seguridad y de limpieza, entre otros aspectos.

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Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP, expresó su preocupación por la respuesta del Ministerio de Educación, señalando que en lugar de abordar los problemas y dialogar con los maestros, se opta por recurrir a medidas legales urgentes como el recurso de amparo.

Hidalgo hizo un llamado al ministro de Educación para que convoque a una reunión con los maestros con el objetivo de encontrar soluciones a las problemáticas planteadas.

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En cuanto al tema del cumplimiento de acuerdos, Hidalgo enfatizó que los maestros no están violando ningún acuerdo, ya que estos no contemplan la suspensión de la enseñanza. Asimismo, señaló que el incumplimiento recae en el Ministerio de Educación, al no proporcionar las condiciones adecuadas para que los maestros puedan llevar a cabo su labor docente.

Esta decisión de la Cámara Civil y Comercial refleja la importancia del respeto al debido proceso y la búsqueda de soluciones dialogadas en el ámbito educativo, en beneficio de los maestros y de la calidad de la enseñanza en el país.

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