Ministerio Público busca medidas drásticas contra red criminal en la Operación Caimán
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El Ministerio Público dominicano ha tomado medidas enérgicas contra una red criminal en la Fase II de la Operación Caimán, solicitando prisión preventiva para diez individuos vinculados a actividades ilícitas. Entre los delitos imputados se encuentran asociación de malhechores, tráfico internacional de drogas, lavado de activos y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
Entre los individuos sujetos a medidas coercitivas se encuentran Malbin Martínez Féliz, Gloria Elena Cuevas, Geise Féliz Pérez, Wilkin Joel Cuevas Ferreras, Wilmer Joel Cuevas Florián, Wellington Ford Garó, Jerbinson Bernabé López, Máximo Andrés Ruiz Moreta, Carlos Manuel Cuevas Pérez y Rafael Marcelo Saldaña Cuevas.
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La red, que operaba desde el departamento de La Guajira, en Colombia, hasta las costas del sur de República Dominicana, se ha visto afectada por una serie de operativos que han resultado en la incautación de cargamentos de clorhidrato de cocaína. Además del decomiso de drogas, se confiscaron armas de fuego ilegales, vehículos, drones, embarcaciones y equipos de navegación, evidenciando la sofisticación de las operaciones de este grupo delictivo.
La colaboración entre el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio de Defensa ha sido fundamental en el éxito de la Operación Caimán. Asimismo, se destaca la cooperación internacional con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y el Comando Sur de Estados Unidos, que ha permitido una acción coordinada y eficaz contra el narcotráfico transnacional.
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La operación se llevó a cabo con un despliegue integral por aire, mar y tierra, abarcando varias provincias del sur y Santo Domingo Este, donde se identificaron y neutralizaron las actividades de la red criminal. Más de 40 fiscales participaron en los allanamientos realizados en San Juan, Barahona, Baní, Pedernales y Santo Domingo Este, con el respaldo de alrededor de 500 miembros de la DNCD y las Fuerzas Armadas.
Esta acción enérgica del Ministerio Público refleja su compromiso en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, así como su determinación en aplicar la ley con firmeza para garantizar la seguridad y el bienestar de la sociedad dominicana.
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