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RD,. Las cuentas bancarias de la Procuraduría General de la República Dominicana han sido embargadas como resultado de una sentencia emitida por el Tribunal Superior Administrativo (TSA). Esta acción legal surge tras la falta de pago de salarios a un empleado durante un período prolongado, desde octubre de 2018 hasta el año 2024.

La sentencia, identificada con el número 0030-04-2024-SSEN-00126, fue dictada por la Tercera Sala del TSA en favor del arquitecto Wander Quezada Martínez. Quezada Martínez fue injustamente despedido de la institución por el entonces procurador Jean Alain Rodríguez, lo que dio lugar a esta disputa legal.

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Según lo estipulado en la sentencia, la Procuraduría General debe pagar una cantidad significativa de tres millones 962 mil 304 pesos (RD$3,962,304.56) en salarios atrasados correspondientes al período mencionado.

El embargo de las cuentas bancarias de la Procuraduría se llevó a cabo después de que los abogados de Quezada Martínez, Wanchy Medina y Genaro Silvestre, presentaran argumentos legales que demostraban el incumplimiento por parte de la institución con la decisión del TSA.

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Ante la aparente omisión de la Procuraduría en cumplir con la sentencia judicial, los abogados tomaron medidas adicionales notificando al Banco de Reservas, al Ministerio de Hacienda y a la Contraloría General de la República Dominicana sobre un embargo retentivo por el doble del crédito principal. Esta medida totaliza una suma de siete millones 924 mil 609 pesos (RD$7,924,609.12).

Este caso legal plantea serias interrogantes sobre las prácticas de pago y el cumplimiento de las obligaciones laborales dentro de la Procuraduría General de la República Dominicana, generando un debate público sobre la responsabilidad institucional y la protección de los derechos de los empleados.

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