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El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ha tomado una decisión significativa en relación con la solicitud de prórroga presentada por el Ministerio Público para continuar con las investigaciones de la denominada Operación Calamar.

Esta operación ha sido objeto de gran atención debido a las acusaciones que involucran a destacados exfuncionarios, entre ellos, los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, junto con otros implicados.

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La jueza Franchesca Potentini, encargada del caso, ha suspendido temporalmente el proceso al atender la petición de la defensa de Ana Linda Fernández, quien, debido a problemas de salud, no podía participar en la audiencia. Durante la mañana, se presentaron diversos incidentes por parte de las defensas, buscando suspender la audiencia.

Uno de estos incidentes fue la solicitud de apartar a la jueza Potentini del caso, argumentando su condición de jueza de paz. Sin embargo, esta solicitud fue rechazada tras la lectura del fallo de la jueza Ana Lee Florimón, previamente recusada del proceso.

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El tribunal retomará el caso el 8 de abril, fecha en la que también se evaluará la solicitud de nulidad del proceso presentada por la defensa de José Ramón Peralta, exministro administrativo de la Presidencia.

En cuanto al trasfondo del caso, el Ministerio Público busca ampliar el plazo para presentar la acusación por corrupción administrativa en la Operación Calamar. Esto se debe a la necesidad de recopilar y aportar nuevos elementos de prueba solicitados a otros órganos estatales y a la cooperación jurídica internacional.

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La Operación Calamar ha sido objeto de atención por las graves acusaciones de corrupción que involucran la presunta sustracción de más de 19 mil millones de pesos del Estado. Estos fondos se habrían desviado a través de pagos irregulares por expropiaciones de terrenos y sobornos destinados a la campaña política del año 2020.

Además de los exministros mencionados, otras figuras importantes, como el exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo y el excontralor general de la República Daniel Omar Caamaño, están vinculadas a este escándalo. La lista de implicados también incluye a Luis Miguel Piccirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar; Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional; y Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, exdirectores de Casinos y Juego de Azar.

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